Decreto-Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas de Rubros Estratégicos... Imprimir

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.891 Extraordinario, del 31 de julio de 2008, fue publicado el Decreto Presidencial Nº 6.240, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas de Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaria. El Decreto-Ley en comentarios forma parte de los 26 últimos Decretos-Leyes dictados en el marco de la Ley Habilitante, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.617, del 1º de febrero de 2007.

El objetivo de este nuevo texto normativo es, según se deduce de la lectura de su Exposición de Motivos, la prevención o reparación por el Estado de los efectos nocivos que toda una serie de eventos inciertos pueden tener sobre la actividad agrícola, incidiendo así en la seguridad agroalimentaria; estas metas se llevarán a cabo mediante todo un sistema de financiamientos, fundamentalmente por medio de reestructuración de deudas del sector agrícola con el sector financiero privado, la remisión de ciertas deudas asumidas frente a institutos estatales de crédito, para lograr la reinserción de los deudores morosos dedicados a la actividad agrícola al proceso productivo en esta área.  

Sobre esta base, el Decreto-Ley se aplicará a las personas que hubieren recibido créditos agrícolas para el financiamiento de la siembra, adquisición de insumos, maquinarias, equipos, semovientes, construcción y mejoramiento de la infraestructura, reactivación de centros de acopio y capital de trabajo, con ocasión de la producción de los siguientes rubros: (i) cereales: arroz, maíz y sorgo; (ii) frutales tropicales: cambur, plátano, cítricos y melón; (iii) hortalizas: tomate, cebolla y pimentón; (iv) raíces y tubérculos: yuca, papa y batata; (v) granos y leguminosas: caraotas, frijol y quinchoncho; (vi) textiles y oleaginosas: palma aceitera, soya, girasol y algodón; (vii) cultivos tropicales: café, cacao y caña de azúcar; y (viii) pecuario: ganadería doble propósito (bovino y bufalino), ganado porcino, ovino y caprino, pollos de engorde, huevos de consumo, conejos, miel y huevos de codorniz.  

Los beneficios consagrados en el Decreto-Ley son los de: (i) reestructuración de deudas, a ser otorgadas por los bancos universales y comerciales para aquellos créditos vencidos al 31 de mayo de 2008, o cuyo beneficiario demuestre que enfrentó contingencias o eventualidades ajenas a su voluntad que provocaron la pérdida de la capacidad de pago, lo que se presumirá cuando el agricultor deba enajenar bienes indispensables de su propiedad para honrar la obligación; y (ii) remisión de deudas, para aquellos créditos concedidos por el Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA), conforme con los planes especiales dictados  a tal efecto por el Ejecutivo Nacional.

La reestructuración de créditos vigentes para el 31 de julio de 2008 (fecha de entrada en vigencia del Decreto-Ley) debe ser autorizada por el Comité de Seguimiento de Cartera Agrícola, y en todo caso su total no puede exceder del 10% de la cartera agrícola de la Banca Universal y Comercial al cierre del mes inmediato anterior a la publicación del Decreto-Ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Las condiciones y trámites para la solicitud de reestructuración de deudas en general serán establecidas por los Ministerios del Poder Popular para la Economía y Finanzas y para la Agricultura y Tierras, y sus intereses serán  los equivalentes a la tasa agrícola vigente para el período de su determinación, fijada por el Banco Central de Venezuela. El plazo máximo para el pago del crédito reestructurado no podrá exceder de 8 años, contado a partir de la fecha de otorgamiento de la reestructuración.   Por su parte, dentro de los 45 días hábiles bancarios siguientes a la solicitud, los Bancos Universales y Comerciales deberán efectuar las evaluaciones técnicas necesarias para certificar las condiciones de la unidad productiva del solicitante y notificar a éste su decisión, entendiéndose su silencio luego de ese plazo como aceptación de la solicitud.  En caso que la solicitud sea negada, el expediente del caso deberá remitirse al Comité de Seguimiento de Cartera Agrícola, quien deberá evaluar dicha decisión dentro de los 15 días hábiles bancarios siguientes a la recepción del expediente y emitir una decisión.  Si es favorable al deudor, el Banco Universal o Comercial estará obligado al refinanciamiento del crédito, sin perjuicio del ejercicio del Recurso Contencioso Administrativo contra dicha decisión.

Si el crédito objeto de reestructuración es objeto de un litigio, éste se suspenderá a partir de la fecha de solicitud de reestructuración, lo cual deberá acreditar el interesado ante el Tribunal de la causa.  La suspensión cesará a partir que la negativa a la solicitud de reestructuración quede definitivamente firme; de aprobarse, el Banco Universal o Comercial deberá desistir de la acción, renunciando las partes a ejercer cualquier acción derivada del desistimiento de la causa y, a nuestro juicio, sin que pueda condenarse al demandante en costas.