Decreto-Ley para la Promoción y Desarrollo de las PYMI y Unidades de Propiedad Social Imprimir

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario, del 31 de julio de 2008, fue publicado el Decreto Presidencial Nº 6.215, con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social.  El Decreto-Ley en comentarios forma parte de los 26 últimos Decretos-Leyes dictados en el marco de la Ley Habilitante, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.617, del 1º de febrero de 2007.
 
El Decreto-Ley tiene como objeto fundamental el instrumentar una serie de mecanismos, básicamente públicos, para apoyar, fomentar, promocionar, expandir, recuperar y, en definitiva, desarrollar a la pequeña y mediana industria, así como a las llamadas unidades de propiedad social; objetivos a lograr mediante la asistencia técnica, financiamiento, capacitación y seguimiento por parte del Estado, su participación en los procesos de contratación pública en condiciones preferentes, para lo cual son de obligatoria aplicación las disposiciones normativas en comentarios.

La pequeña y mediana industria (PYMI) es definida en el Decreto-Ley como unidades organizadas jurídicamente para transformar materias primas, y se determinan bajo criterios objetivos: (i) nómina promedio anual de hasta 50 y 100 trabajadores, respectivamente; y (ii) facturación anual de hasta 100.000 y 200.000 unidades tributarias, también respectivamente.  Las unidades de propiedad social (UPS) son, fundamentalmente, agrupaciones como las cooperativas, los consejos comunales, las llamadas unidades productivas familiares y “cualquier otra forma de asociación que surja en el seno de la comunidad, cuyo objetivo es la realización de cualquier tipo de actividad económica productiva, financiera o comercial lícita, a través del trabajo planificado, coordinado y voluntario, como expresión de conciencia y compromiso al servicio del pueblo, contribuyendo al desarrollo comunal, donde prevalezca el beneficio colectivo sobre la producción de capital y distribución de beneficios de sus miembros”.

Los deberes de las PYMI y de las UPS son: (i) fomentar los mecanismos para la integración de los medios de producción a la llamada “producción social”, para la alfabetización, capacitación, formación y adiestramiento de los trabajadores; (ii) mejoramiento de los niveles de producción y calidad de vida de sus trabajadores; (iii) cumplir con las medidas de protección y seguridad industrial; (iv) promover la defensa, protección y aseguramiento del medio ambiente en la realización de sus actividades; (v) cumplir los requerimientos contractuales propios de la producción nacional eficiente de los bienes y servicios de la PYMI y UPS; (vi) suministrar las informaciones que sean necesarias para el diseño de las políticas públicas en la materia; (vii) incorporar a las comunidades en su proceso productivo, fortaleciéndolo a través del trabajo cooperativo; (viii) fomentar el uso de materia prima, equipos, maquinaria, partes, piezas, accesorios y productos intermedios nacionales; (ix) dirigir su producción prioritariamente al consumo interno; (x) las demás que les señale la ley.

El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal establecerá mecanismos de asistencia financiera preferencial para las PYMI y las UPS, a ser ejecutadas por las instituciones financieras designadas por la ley o por el Ejecutivo Nacional.  Estas instituciones financieras elaborarán y ejecutarán programas especiales de financiamiento que identifiquen necesidades de inversión, expansión, recuperación, ampliación, reconversión industrial, adquisición de capital de trabajo y activo fijo, financiamiento de facturas y pedidos, en condiciones y términos especiales de tasas de interés y plazos preferenciales.  Las deudas de las PYMI y de las UPS son refinanciables, en caso de situaciones coyunturales de emergencia económica y financiera, para lo cual el Ejecutivo propondrá y aprobará los programas pertinentes.

Como incentivo fiscal, el Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas podrá otorgar un “tratamiento fiscal preferencial” a las ganancias de capital, obtenidas en proyectos de inversión entre PYMI y UPS nacionales o extranjeras, que contemplen la compra de bienes o prestación de servicios en inversión conjunta.  Sin embargo, nada dice el Decreto-Ley sobre la forma en la que se llevará a cabo ese “tratamiento fiscal preferencial”, tomando en cuenta que los beneficios y minoraciones tributarias deben estar previstas expresamente en la ley por mandato de la Constitución.

Lo que sí señala concretamente el Decreto-Ley es que el Presidente de la República podrá exonerar a las PYMI y UPS de todos los tributos nacionales que inciden sobre sus actividades, para “procurar la recuperación, fomento, promoción y desarrollo del sector […] de acuerdo con la situación coyuntural, sectorial o regional de la economía”.

En las llamadas redes asociativas, se prevé la participación de grandes industrias en el desarrollo de programas conjuntos de mejoras integrales, que faciliten la incorporación de la pequeña y mediana industria y unidades de propiedad social dentro de esquemas de cooperación, mediante programas y medidas de (i) asistencia técnica que faciliten la adopción de nuevos esquemas de organización; (ii) mejoramiento de los niveles de calidad y productividad; (iii) especialización de las pequeñas y medianas industrias y unidades de propiedad social en sus distintos procesos productivos; (iv) comercialización conjunta de los productos de estas unidades económicas; (v) para que la pequeña y mediana industria y las unidades de propiedad social gocen de preferencias frente a las modalidades de selección de contratistas públicos; (vi) el mejoramiento productivo de estas unidades.

El Capítulo IV del Decreto-Ley regula el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo de la PYMI y demás UPS, el cual consiste en una planificación presupuestaria por programas de la gestión del INAPYMI, de modo que sirva como instrumento de orientación de su gestión.  El Plan debe ser presentado cada 3 años por el Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal, cumpliendo con los lineamientos del Gabinete Económico y de la Comisión Central de Planificación.

El órgano administrativo encargado de la gestión del interés público comprometido en las actividades de la PYMI y de las UPS será el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), cuyo Consejo Directivo estará compuesto por 5 miembros, todos designados por el Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal, previa consulta a la Presidencia de la República.  Como unidad de apoyo funcional, el INAPYMI contará con un Observatorio, cuyo objeto es ofrecer información oportuna al Instituto sobre los procesos de inicio, desarrollo, mantenimiento y funcionamiento de las PYMI y UPS, para lo cual hará uso del Sistema de Información de la PYMI y demás UPS, que crea expresamente el Decreto-Ley.

En lo relativo a programas especiales, el Decreto-Ley prevé (i) financiamiento a emprendedores, para la creación y fortalecimiento de PYMI y UPS; (ii) beneficios excepcionales, en situaciones económicas coyunturales que ameriten asistencia financiera urgente, y que consisten en financiamientos sin garantía para la ejecución de proyectos productivos sociales “donde se encuentre inmersa la propiedad comunal”; (iii) asistencia a programas de exportadores, para la exportación de los productos fabricados por las PYMI y UPS.

El Decreto-Ley establece una serie de sanciones por el incumplimiento de sus normas, fundamentalmente las referidas a los programas especiales de financiamiento, que van desde la imposibilidad de obtener nuevos financiamientos del sector público entre 10 y 15 años hasta la apropiación, por el Estado, de los recursos financieros, maquinarias, transporte o cualquier otro medio de producción que hubiere sido otorgado.

El Decreto-Ley en comentarios deroga el Decreto-Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.583, del 3 de diciembre de 2002, y entró en vigencia en la fecha formal de su publicación, esto es, el 31 de julio de 2008.