Decreto-Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras Imprimir

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.892 Extraordinario, del 31 de julio de 2008, fue publicado el Decreto Presidencial Nº 6.287, con Rango, Valor y Fuerza de Ley, que reforma parcialmente la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.  El Decreto-Ley en comentarios forma parte de los 26 últimos Decretos-Leyes dictados en el marco de la Ley Habilitante, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.617, del 1º de febrero de 2007.
 
La reforma se limita a un único artículo, el 318, de acuerdo con el cual el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) deberá liquidar los bienes que adquiera mediante oferta pública, en un plazo no mayor de 3 meses, prorrogable por una sola vez y por igual período.  Dicha oferta se realizará previo avalúo de los bienes ofrecidos, debiendo haberse practicado éste en un lapso no mayor de 1 año previo a la fecha de remate de los bienes.  Cuando la oferta pública tenga por objeto acciones u otros títulos valores no se requerirá la autorización prevista en la Ley de Mercado de Capitales –la autorización de oferta pública de valores, prevista en el artículo 23- mas, sin embargo, deberá participarse la transacción a la Comisión Nacional de Valores, quien deberá –lógicamente- actualizar el Registro Nacional de Valores en ese sentido.
 
Como excepción a la regla general de remate de los bienes adquiridos por FOGADE, es posible que la República, a solicitud de un Ministro y por decisión del Presidente del Fondo, quien es nombrado –ex artículo 287 del Decreto-Ley- por el Presidente de la República, adjudique directamente la propiedad de un bien determinado a la República por cualquier medio traslativo de ésta, sin necesidad de oferta pública.  Si la transferencia se hace a título oneroso, el valor de los bienes deberá determinarse mediante un avalúo elaborado por el perito designado a tal fin, y se pagará mediante la modalidad de pago convenida entre las partes.

El Decreto-Ley entró en vigencia al momento de su publicación.