Decreto-Ley de la Procuraduría General de la República Imprimir

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.892 Extraordinario, del 31 de julio de 2008, fue publicado el Decreto Presidencial Nº 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley, que reforma parcialmente la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.  El Decreto-Ley en comentarios forma parte de los 26 últimos Decretos-Leyes dictados en el marco de la Ley Habilitante, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.617, del 1º de febrero de 2007.  La Exposición de Motivos justifica la reforma con base en la necesaria actualización del instrumento normativo que, por mandato del artículo 247 constitucional, regula sus funciones, a la “concepción contemporánea de nuestro ordenamiento jurídico vigente, y optimizar del mismo modo la eficiencia de las competencias atribuidas a la Institución”, calificadas por el texto analizado como de asesoría y consulta jurídica de la Administración Pública.
 
Para ello, el Decreto-Ley crea y estructura el Sistema Integral de Asesoría Jurídica bajo la dirección de la Procuraduría General de la República, “destinado a homogeneizar la política jurídica del Estado”, para lo cual, entre otras medidas, la Procuraduría General de la República tendrá la competencia para autorizar la contratación de cualquier clase de asesoría jurídica externa por cualquier órgano o ente de la Administración Pública Nacional, central o descentralizada, dentro del lapso de 20 días hábiles siguientes a la solicitud de autorización por el ente contratante, so pena de responsabilidad civil, penal y administrativa para el funcionario contratante que omita este requisito previo; así como están igualmente obligados tales entes a informar a la Procuraduría General de la República del desempeño del asesor externo contratado, al igual que los funcionarios a quienes la Procuraduría haya otorgado sustitución de poder para representar judicialmente a la República.  Igualmente, el Decreto-Ley confiere a la Procuraduría General de la República la competencia para asesorar jurídicamente a toda la Administración Pública, incluyendo a los Estados y Municipios, “cuando a su juicio el asunto objeto de la consulta esté relacionado con los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República”.
 
De otro lado, todo acto en sede administrativa de convenimiento, desistimiento, compromiso arbitral, conciliación, transacción o cualquier otro acto de disposición relacionado directamente con los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República requiere de la opinión previa y expresa de la Procuraduría General de la República; caso contrario, el funcionario que realice el acto sin tal autorización responderá administrativa, civil y penalmente de los perjuicios causados a los derechos, bienes e intereses de la República.
 
La Procuraduría General de la República participará, de acuerdo con el Decreto-Ley, en el proceso legislativo ordinario, mediante “la revisión jurídica de los proyectos de leyes a ser sometidos a la Asamblea Nacional, cuya iniciativa corresponda al Poder Ejecutivo Nacional”, así como por su colaboración con el Poder Legislativo “en atención al principio de colaboración entre los Poderes Públicos”; y en lo relativo a la representación en juicio de la República en el exterior, el Decreto-Ley agiliza el trámite para el otorgamiento por la Procuraduría General de la República de poderes para tales fines.  En este sentido, el artículo 46 del Decreto-Ley autoriza a la Procuraduría General de la República para otorgar poder a abogados que no sean funcionarios de ésta “para cumplir actuaciones fuera de la República Bolivariana de Venezuela, en representación y defensa de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República”, caso en el cual el poder se otorgará con las formalidades legales correspondientes al país en el que se realice el respectivo otorgamiento.  Si el apoderado fuere extranjero, deberá notificarse del otorgamiento a la Presidencia de la República.
 
Los actos del Procurador General de la República tienen carácter de documento público administrativo, pues dicho funcionario da fe pública, conforme con el artículo 48 del Decreto-Ley; y el artículo 58 eiusdem somete las reclamaciones contra la República, en el procedimiento administrativo previo a las demandas contra ésta, a la opinión vinculante de la Procuraduría General de la República sobre su procedencia.  Únicamente quedan relevadas de tal obligación las reclamaciones (i) cuya cuantía no exceda de 500 unidades tributarias; y (ii) hayan sido aprobadas por el máximo jerarca de la organización administrativa respectiva.  Igualmente, el Decreto-Ley regula parcialmente la ejecución de sentencias contra la República.
 
En contradicción evidente con lo que ha sido la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, en lo que se refiere a medidas cautelares en el contencioso tributario, el artículo 92 del Decreto-Ley releva al juez que deba decidir una medida cautelar, solicitada por la Procuraduría General de la República, del cumplimiento simultáneo de los requisitos de (i) presunción de buen derecho, y (ii) peligro de mora o de daño que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, deben necesariamente ser concurrentes para el otorgamiento de la medida de suspensión de efectos de los actos administrativos de contenido tributario a que se refiere el artículo 263 del Código Orgánico Tributario.  En efecto, el artículo 92 del Decreto-Ley dispone expresamente que, para la procedencia de la medida cautelar preventiva o ejecutiva solicitada por la Procuraduría General de la República, basta “la existencia de cualquiera de los dos requisitos mencionados”.  De similar tenor es el artículo 99, de acuerdo con el cual, en caso de ejecución de medidas contra la República que afecten bienes utilizados para la prestación de servicios públicos, el Tribunal está obligado a remitir a la Procuraduría General de la República copia del expediente, con los elementos que le permitan formarse una mejor opinión del asunto, y de suspender el proceso por 45 días continuos, contados a partir de la consignación en el expediente de la notificación al Procurador, para que éste verifique el mejor mecanismo para ejecutar la medida, evitando la interrupción del servicio público.
 
El Decreto-Ley entró en vigencia al momento de su publicación.