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Ochoa y Asociados

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Decreto-Ley de Crédito para el Sector Agrario PDF Imprimir E-mail

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario, del 31 de julio de 2008, fue publicado el Decreto-Ley de Crédito para el Sector Agrario. El Decreto-Ley en comentarios forma parte de los 26 últimos Decretos-Leyes dictados en el marco de la Ley Habilitante, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.617, del 1º de febrero de 2007.
 
El Decreto-Ley pretende dotar al crédito agrario de un marco normativo que supere, en la intención expresada por la Exposición de Motivos, las interpretaciones legales derivadas de las normas hasta ahora vigentes que “dificultan e impiden la aplicación de las diferentes disposiciones, tanto de rango legal como sub legal, en especial, cuando se trata de otorgar créditos agrícolas para un importante sector de la población tradicionalmente excluida”. Para ello es necesario, según el texto, “realizar la reforma integral financiera del sector agrícola, que se corresponda con la nueva institucionalidad a través de la cual se promuevan, fortalezcan y consoliden los derechos económicos y sociales” establecidos en la Constitución.
 
Así, la Exposición de Motivos enumera una serie de impactos que, a su juicio, genera el Decreto-Ley en comentarios para el sector agrario: (i) regular el financiamiento de los sectores agropecuarios; (ii) ejecutar la política agropecuaria del Estado; (iii) mejorar los canales de acceso al crédito agropecuario, de modo que permita el desarrollo del micro, pequeño y mediano agroproductor; (iv) inspirar la prestación de los servicios no financieros prestados por los bancos comerciales y universales bajo “el ideario bolivariano”; (v) financiar los planes de producción de organizaciones socio-productivas, comunidades, pequeños productores, campesinos, empresas de propiedad social, etc., para la producción agropecuaria; (vi) regular que las colocaciones bancarias de la cartera de crédito agrario sean consideradas una vez verificado el desembolso y destino para el cual fueron otorgados; (vii) promover la creación de redes de productores libres asociados, que construyan “nuevas relaciones de producción, transformación, distribución y comercialización de los bienes de capital dispuestos por el Estado”; (viii) incorporar a los Consejos Comunales para el diseño, formación, ejecución y control de la cartera de crédito del sector agrario, entre otros.
 
El Decreto-Ley en comentarios obliga, con el propósito de “establecer una cultura agroecológica”, la obligación para las instituciones financieras de destinar un porcentaje de su publicidad para “contribuir con la formación de valores agrosociales y de conservación del ambiente en el público en general”; e igualmente establece que el financiamiento objeto de la norma será para adquisición de insumos, acompañamiento, infraestructura, tecnología, transporte, mecanización, almacenamiento y comercialización de productos alimenticios, y cualquier otro servicio conexo vinculado al sector agrario, para lo cual el sector bancario deberá prestar servicios financieros y no financieros. Estos últimos “incluyen la formación para el manejo de las áreas administrativas y legales, propias del proyecto a ser financiado, así como la asistencia técnica en materia agraria”.
 
Los Ministerios del Poder Popular para la Economía y Finanzas y para la Agricultura y Tierras establecerán anualmente en enero, previa opinión de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, los términos, condiciones, plazos y porcentajes mínimos obligatorios de la cartera de crédito agraria, incluyendo los porcentajes para el sector primario, la agroindustria y los fundos estructurados, que los bancos comerciales y universales, destinarán al sector agrario tomando en consideración los ciclos de producción y comercialización, el cual en ningún caso podrá exceder del 30% de su cartera de créditos bruta, para el cual se considerarán incluidas (i) las colocaciones efectuadas por los bancos comerciales y universales de conformidad con lo señalado enseguida, una vez verificado el desembolso y destino para el cual fueron realizadas; (ii) las operaciones de financiamiento realizadas con los bancos del Estado destinados al sector agrario y los Fondos Nacionales o Regionales Públicos de Financiamiento del Sector Agrario, así como sus participaciones en los Fondos y Sociedades de Garantías Recíprocas que otorguen fianzas al sector agrario; y (iii) los recursos destinados a los servicios no financieros.
 
Según el artículo 8 del Decreto-Ley, el 30% de encaje para el crédito agrícola deberá destinarse “a operaciones de financiamiento que tengan por objeto el desarrollo agrario para satisfacer requerimientos de los sectores agrícola vegetal, agrícola animal, agrícola forestal, pesquero y acuícola referido a las siguientes operaciones:
 
(i)                Operaciones de producción realizadas directamente por los productores agrarios, como adquisición de insumos, asistencia técnica y bienes de capital, operaciones de almacenamiento, tecnología, transformación y transporte;
 
(ii)              Operaciones complementarias de la producción agraria y servicios conexos realizadas con participación mayoritaria de los productores agrarios;
 
(iii)            Operaciones de procesamiento, intercambio, distribución y comercialización de la producción, siempre y cuando el producto sea adquirido directamente por empresas de propiedad colectiva y otras formas asociativas comunitarias, constituidas para desarrollar la mutua cooperación y la solidaridad, en articulación con instituciones públicas y por la agroindustria, para lo cual se deberá presentar constancia de conformidad otorgada por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras;
 
(iv)            Las inversiones que realicen en instrumentos de financiamiento, las colocaciones, obligaciones u otras operaciones pasivas que se realicen en bancos del Estado destinados al sector agrario, tales como certificados de depósitos, bonos de prenda, obligaciones y certificados ganaderos;
 
(v)              La construcción de infraestructuras requeridas para optimizar procesos productivos en el sector agrario;
 
(vi)            El fomento y desarrollo de los Fundos Estructurados previstos en la normativa que rige la materia;
 
(vii)          El cultivo y aprovechamiento de las especies acuáticas conforme a las técnicas de acuicultura, para lo cual se deberá presentar constancia de conformidad otorgada por el ente de adscripción del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras;
 
(viii)        Plantaciones forestales, para la cual deberán presentar la permisología correspondiente.
 
En ningún caso las operaciones de intercambio, distribución y comercialización financiadas por cada banco excederán del 15% de la cartera agraria de cada una de las instituciones financieras, ni podrá exceder de este porcentaje del porcentaje las inversiones que se realicen en certificados de depósitos y bonos de prenda, operaciones de reporto de los mismos y certificados ganaderos.
 
Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras establecerá los rubros de cada uno de los sectores agrícolas que comprenderá la cartera de crédito agraria; y los porcentajes correspondientes. La tasa de interés máxima aplicable a las operaciones de financiamiento en comentarios será determinada por el Banco Central de Venezuela semanalmente, pero ésta nunca podrá ser inferior a la tasa agraria de referencia que establezca ese Banco, salvo que excepcionalmente así lo determinen los Ministerios del Poder Popular para la Economía y Finanzas y para la Agricultura y Tierras. La tasa de interés debe ser pagada por el prestatario al vencimiento de cada cuota de crédito y no por anticipado.
 
Estos mismos Ministerios podrán, previa opinión del Comité de Seguimiento de la Cartera de Crédito Agraria, establecer condiciones especiales para el otorgamiento de los créditos agrarios, como por ejemplo reducción de requisitos y fijación de plazos máximos especiales para créditos a largo plazo. El plazo máximo para créditos es de 20 años. Los créditos no garantizados que pueden ser otorgados por los bancos comerciales y universales dentro de su cartera de crédito agrícola no podrán exceder del 5% de la cartera bruta obligatoria agraria, que en ningún caso podrán otorgarse a una misma persona natural o jurídica, o empresas relacionadas o vinculadas.
 
Además de lo largamente expuesto, el Decreto-Ley establece un elenco notable de obligaciones en cabeza de los bancos comerciales y universales: (i) cartera de crédito mínima para personas con condiciones especiales; (ii) límites de financiamiento; (iii) información mensual al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras sobre los créditos otorgados; (iv) seguimiento de los créditos otorgados; (v) la publicidad agroecológica, en los términos previamente enunciados; y (vi) establecimiento de cláusulas de responsabilidad social en los contratos de crédito, para que el prestatario realice acciones en beneficio de la comunidad, entre otras.
 
En lo relativo a las infracciones y sanciones, el Decreto-Ley castiga con multa entre 1% y 3% del capital pagado del banco comercial o universal infractor, toda una serie de incumplimientos de la cartera agrícola mínima obligatoria, o –en general- el cumplimiento de todas las obligaciones que impone el Decreto-Ley. En caso de reincidencia, la multa se incrementará en un 50% de la pena por cada nueva infracción, hasta un máximo de 5% del capital pagado del banco comercial o universal sancionado.
 
El Decreto-Ley comentado entró en vigencia al momento de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

 

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