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Ochoa y Asociados

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Decreto-Ley de Supresión y Liquidación del Fondo de Crédito Industrial (FONCREI) PDF Imprimir E-mail

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.890 Extraordinario, del 31 de julio de 2008, fue publicado el Decreto-Ley de Supresión y Liquidación del Fondo de Crédito Industrial (FONCREI). El Decreto-Ley en comentarios forma parte de los 26 últimos Decretos-Leyes dictados en el marco de la Ley Habilitante, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.617, del 1º de febrero de 2007.
 
El Decreto-Ley “busca consolidar una institución única, orientada al fortalecimiento de la pequeña y mediana industria y demás unidades de producción social” a través de la transferencia de los activos y pasivos de FONCREI a la República o al Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI), creado por el Decreto-Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social, cuya última versión fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.999, del 21 de agosto de 2008.
 
Con ello, a juicio de la Exposición de Motivos del Decreto-Ley, “se garantiza el financiamiento oportuno a los proyectos de inversión”, de forma de satisfacer los requerimientos de competitividad y productividad del sector. Para ello, se crean mecanismos de integración y de control “en el marco de la democracia revolucionaria”, para atender las necesidades de la sociedad venezolana de manera eficaz y eficiente.
 
Así, el Decreto-Ley inicia su articulado ordenando la supresión y liquidación de FONCREI en un lapso no mayor de 1 año, prorrogable por igual período, a partir de la publicación del nombramiento de la Junta Liquidadora en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dicha Junta estará integrada por un Presidente, designado por la Presidencia de la República, y 4 miembros principales con sus suplentes, de libre nombramiento y remoción del Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal. La Junta Liquidadora estará válidamente constituida con la presencia del Presidente y de, por lo menos, dos de sus miembros; el quórum de aprobación es de 3 miembros, por lo menos.
 
Las funciones de la Junta Liquidadora se resumen, en general, en la administración y liquidación del FONCREI, para lo cual tendrá las más amplias facultades, como se deduce de la profusa enumeración (17 numerales) que de sus competencias hace el artículo 5º del Decreto-Ley. Entre las más importantes destacan: (i) realizar el inventario de los convenios o contratos celebrados, así como de todos los compromisos o negociaciones, programas, proyectos, recursos y, en general, de todas las actividades relacionadas con el FONCREI; (ii) transferir al INAPYMI la propiedad de los bienes, derechos e intereses afectados a la actividad del FONCREI; (iii) exigir el pago de acreencias y el cumplimiento de las obligaciones existentes a favor y a cargo del FONCREI; (iv) transferir la propiedad de los bienes, derechos e intereses que correspondan a la ejecución de convenios del FONCREI, a órganos o entes que asumen la titularidad del respectivo convenio, casos en los cuales las transferencias deberán autorizarse previamente por el Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal; (v) transferir a la institución u organismo financiero que indique el Ejecutivo Nacional, la cartera industrial de proyectos de gran escala; (vi) recuperar la cartera de créditos del FONCREI en beneficio del INAPYMI, entre otras.
 
En lo referente al personal del FONCREI, el Decreto-Ley establece la posibilidad del Ejecutivo de otorgar jubilaciones especiales a los trabajadores del Fondo, en los casos en que proceda conforme con la Ley del Estatuto de la Función Pública. Las liquidaciones de los trabajadores serán determinadas por la Junta Liquidadora, que no podrán ser inferiores a las legalmente establecidas; dicha Junta tendrá con ese fin las más amplias facultades para suscribir las transacciones, finiquitos, acuerdos, etc. Sin embargo, la Junta Liquidadora no podrá realizar ingresos de nuevos funcionarios públicos o trabajadores durante el lapso de supresión y liquidación del FONCREI, sino únicamente en los casos en los que ello sea absolutamente necesario para la liquidación y por el tiempo máximo de duración del proceso.
 
El proceso de supresión y liquidación se iniciará con la auditoría y el inventario que realizará la Junta Liquidadora, previa consulta con el Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal; luego, se transferirán los bienes muebles e inmuebles al INAPYMI o a la República, por órgano del Ministerio antes citado, o bien a otros órganos de la Administración Pública, conforme con el Decreto-Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, y los activos financieros se transferirán al INAPYMI por los medios aplicables en la materia. La Junta Liquidadora del FONCREI no podrá contraer compromisos que impliquen la utilización y desembolsos de recursos para el ejercicio fiscal 2009, salvo las excepciones previstas en el Decreto-Ley; y una vez concluido el proceso, la Junta Liquidadora cesará en sus funciones y el Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal asumirá los compromisos pendientes y los procesos judiciales y administrativos en curso, para lo cual designará una unidad operativa.
 
Los plazos contractuales serán cumplidos, sin que la liquidación del FONCREI haga exigibles o de plazo vencido las acreencias u obligaciones del Fondo. Para ello, la Junta Liquidadora acordará con el INAPYMI el mecanismo y el tiempo adecuado de transferencia. El pago de las obligaciones de FONCREI se realizará siguiendo el orden de prelación que establece la ley, teniendo prioridad las pequeñas y medianas industrias.
 
Desde el punto de vista tributario, los actos que ejecute la Junta Liquidadora del FONCREI estarán exentos del pago de tributos nacionales, así como las operaciones crediticias. En consecuencia, ningún funcionario, Notario o Registrador que intervenga en el otorgamiento de los documentos necesarios podrá cobrar impuestos, derechos, tasas o emolumento alguno por estas actuaciones.

 

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