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Ochoa y Asociados

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Decreto-Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos PDF Imprimir E-mail

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.891 Extraordinario, del 31 de julio de 2008, se publicó el Decreto-Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos.  El Decreto-Ley en comentarios forma parte de los 26 últimos Decretos-Leyes dictados en el marco de la Ley Habilitante, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.617, del 1º de febrero de 2007.

El Decreto-Ley en comentarios
deroga el Decreto-Ley Sobre Simplificación de Trámites Administrativos publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.845 del 7 de diciembre de 1999.  Su objeto es establecer los principios y bases conforme a los cuales, se simplificarán los trámites administrativos que se realicen ante la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.

En este sentido, los órganos y entes de la Administración Pública deberán simplificar los trámites administrativos que se realicen ante los mismos, y para ello elaborarán sus respectivos planes de simplificación de trámites con fundamento en las bases y principios establecidos en el Decreto Ley.  La Administración Pública no podrá exigir requisitos adicionales a los contemplados en la normativa vigente, salvo los que se establezcan en los instrumentos normativos que se dicten con ocasión del Decreto Ley.

Ventanilla Única: son las oficinas creadas por cada órgano o ente de la Administración Pública, a las que pueden dirigirse las personas para realizar diligencias, actuaciones o gestiones ante la Administración Pública Nacional, estadal y municipal, desde un único sitio en donde también podrá recabarse información acerca de todos los servicios que presta la Administración Pública.

Toda persona que suministre información o datos falsos en el curso de las tramitaciones administrativas será sancionada con multa cuyo monto se determinará entre 7 UT y 25 UT según la gravedad de la infracción, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar.

Las funcionarios públicos, así como los empleados al servicio de los órganos y entes de la Administración Pública que sean responsables de retardo, omisión o distorsión de los trámites administrativos así como del incumplimiento de las disposiciones del Decreto Ley serán sancionados con multa cuyo monto se determinará entre el 25% y 50% de su remuneración total correspondiente al mes en que cometió la infracción, según la gravedad de la misma. Esta multa se establecerá sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa en que dichos funcionarios puedan incurrir.

Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del Decreto Ley, los órganos y entes de la Administración Pública Nacional deberán presentar sus respectivos planes de simplificación de trámites al Ministerio con competencia en materia de planificación y desarrollo.

Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigencia del Decreto Ley, los órganos y entes competentes de los estados, municipios y demás entidades locales deberán dictar las Leyes, Ordenanzas u otros instrumentos normativos que sean necesarios para su efectivo y cabal cumplimiento.

 

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