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Ochoa y Asociados

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Ley de Transporte Terrestre PDF Imprimir E-mail

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.985, del 1º de agosto de 2008, fue publicada la Ley de Transporte Terrestre.  El texto en comentarios sustituye totalmente al Decreto-Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.332 del 26 de noviembre de 2001, y regula, en términos generales, al Sistema Nacional de Transporte Terrestre, conformado por el libre tránsito de las personas por el territorio, la actividad económica del transporte y la planificación, ejecución, gestión y control de la infraestructura vial, todo lo cual es de interés social, público, económico y estratégico.  Las competencias se distribuyen entre los tres niveles del Poder Público (República, Estados y Municipios), y son destinatarios del Sistema los peatones, pasajeros, conductores, usuarios y operadores del servicio de transporte terrestre público y privado, sus actividades conexas y las personas de movilidad reducida con las condiciones especiales que debe tener el Sistema para facilitar su desplazamiento.
 
El Sistema deberá llevar un Registro, que comprende a los vehículos, conductores, infraestructura, servicios conexos de transporte terrestre, accidentes, infracciones y sanciones, y será llevado por el Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, con el apoyo de los órganos respectivos de los Estados y Municipios.  Administrativamente, las autoridades competentes son el Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre y las autoridades respectivas de cada Estado y Municipio.  El órgano rector del Sistema es el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio en comentarios, y le corresponde “la elaboración de las políticas, estrategias, planes nacionales, sectoriales y normas generales que regulan la actividad del Sistema”.  Los órganos de ejecución son: (i) el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre; (ii) las policías correspondientes a cada nivel político territorial, homologadas por el Instituto Nacional del Transporte Terrestre; y (iii) excepcionalmente, la Fuerza Armada Nacional.
 
El Instituto Nacional de Transporte Terrestre es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, con personalidad jurídica, que goza de los privilegios y prerrogativas de la República y que forma parte del Sistema Nacional de Protección Civil, cuyas atribuciones son, en general, las de administración y rectoría del Sistema Nacional de Transporte Terrestre, para lo cual deberá (i) llevar el Registro del Sistema; (ii) expedir, renovar y controlar licencias y títulos profesionales para conducir vehículos a motor; (iii) otorgamiento, registro y control de placas de identificación; (iv) registro y tarifas de los servicios de transporte terrestre público y privado, de pasajeros y de carga; (v) coordinación y homologación de las policías estadales y municipales dedicadas al control del transporte terrestre; y (vi) aplicar las sanciones administrativas, en los casos previstos en la Ley, entre varias otras.  Su Directorio está integrado por un Presidente, un Vicepresidente, tres directores y sus suplentes, de libre nombramiento y remoción por el Presidente de la República, en el caso de los dos primeros, y por el Ministro de Infraestructura en el caso de los tres restantes.
 
Por su parte, el Fondo de Apoyo a la Seguridad Vial será el administrador de los recursos provenientes de las multas impuestas por el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre, y elaborará proyectos de inversión destinados al equipamiento y seguridad vial.  Su Junta Administradora está integrada por 3 miembros, de libre nombramiento y remoción por el Ministerio de Infraestructura, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre y el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre.  Sus recursos se distribuirán de la siguiente manera: (i) un 40% para el fortalecimiento y equipamiento del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre; y (ii) un 60% para el desarrollo e implantación de planes, programas y proyectos de educación y seguridad vial, y la escuela del transporte.
 
En lo relativo al llamado Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras, la Ley establece la obligación para el vendedor de un vehículo de notificar al Registro Nacional de Vehículos de la venta, dentro de los 30 días siguientes a la autenticación del documento de venta, “con lo cual se liberará de toda responsabilidad civil y administrativa frente a terceros, por hechos posteriores a la venta no imputables al vendedor o vendedora”.  El incumplimiento de esta obligación acarrea pena de multa.  Por su parte, los centros de compra y venta de componentes automotrices usados deben reportar mensualmente al Instituto Nacional de Transporte Terrestre las adquisiciones que hagan en el período, con la finalidad de desincorporarles del Registro Nacional de Vehículos.  Las empresas de seguros deben reportar mensualmente al Registro los vehículos calificados como pérdida total o no recuperable.
 
Para la matriculación de vehículos a comercializar, es necesario que el solicitante cumpla con los siguientes requisitos: (i) estar constituido en Venezuela; (ii) estar inscrito en el registro de empresas fabricantes, ensambladoras, distribuidoras e importadoras llevado por el Instituto Nacional del Transporte Terrestre; (iii) identificar los vehículos a comercializar mediante la marca, modelo, tipo, capacidad, peso, tara, número de identificación del vehículo, serial del motor, serial de carrocería, tipología y características técnicas, (iv) documentos de nacionalización, en caso de vehículos importados; y (v) los demás requisitos y procedimientos que determine el Reglamento.  Se requerirá un certificado de homologación de vehículos, a ser otorgado por el Instituto Nacional del Transporte Terrestre, y cuyas características serán determinadas por el Reglamento de la Ley.
 
La Ley establece la revisión técnica de vehículos como un requisito obligatorio para la permanencia de éstos en el Registro Nacional de Vehículos y para la circulación en vías de uso público.  La revisión tiene aspectos técnicos, mecánicos y físicos, a fin de verificar el buen estado de funcionamiento y las características de las unidades del parque automotor existente.  Por su parte, cualquier transformación, modificación o cambio en las características técnicas originales del vehículo que alteren su estructura, función o aspecto podrán realizarse previa autorización del Instituto Nacional del Transporte Terrestre.  Todo vehículo a motor debe estar amparado por una póliza de seguro de responsabilidad civil, para responder suficientemente por los daños que ocasione, inclusive para las motocicletas.  Una póliza de seguro de accidentes personales es necesaria, adicionalmente, para los vehículos destinados al transporte terrestre público y privado de personas.
 
En lo atinente a las Licencias, el Ministerio del Poder Popular para la Salud expedirá gratuitamente el Certificado Médico de Salud Integral, en el que se incluyen todos los parámetros necesarios para conducir, en los términos establecidos en el Reglamento de la Ley.  Las licencias podrán ser revocadas, suspendidas o anuladas por el Instituto o el ente jurisdiccional competente por las causas previstas en la Ley.  La anulación se da cuando su otorgamiento lo haya sido mediante actos viciados en razón de defectos de forma esenciales a su validez, o por defectos de fondo.  La revocatoria se da cuando sobrevenidamente surgen impedimentos que incapaciten física, mental o legalmente al titular para conducir vehículos.
 
Los propietarios de vehículos tienen las siguientes obligaciones: (i) inscribir el vehículo en el Registro Nacional de Vehículos dentro de los 30 días hábiles siguientes a su adquisición, (ii) pagar los tributos que lo graven; (iii) notificar al Registro las modificaciones de las características del vehículo, o cuando se haga inservible o sea declarado pérdida total; (iv) mantener el vehículo en buenas condiciones de seguridad, funcionamiento, control de emisión de gases contaminantes y ruidos; (v) proveer al vehículo de todos los elementos de identificación exigidos por la Ley; (vi) efectuar la revisión técnica, mecánica y física del vehículo; (vii) mantener en vigencia la póliza de responsabilidad civil; y (viii) las demás que señale la ley.  Los conductores, por su parte, deben portar la licencia vigente del grado necesario para el vehículo que manejan, el Certificado Médico, de ser necesario el certificado psicológico que exige el Reglamento de la Ley, conducir en óptimo estado de salud física y mental, usar el cinturón de seguridad y asegurarse que los demás ocupantes cumplan con este deber, no provocar ruidos contaminantes, asegurar que los niños menores de 10 años ocupen los asientos traseros, y en los asientos especiales en caso de infantes, y cumplir las normas para la seguridad del transporte terrestre.
 
En lo propio de la circulación, llama la atención que el artículo 74 de la Ley establece que “por ningún motivo podrá impedirse el libre tránsito de vehículos o peatones en una vía pública.  Los ciudadanos y las ciudadanas, previa obtención de la autorización emanada de la autoridad competente, tienen derecho a manifestar, sin afectar, obstruir o impedir el libre tránsito de personas y vehículos”, cuestión que, en principio, contradice la regulación que sobre este respecto tiene la Ley de Partidos Políticos y Manifestaciones.
 
Las sanciones, especialmente numerosas en el texto de la Ley, están divididas en (i) muy graves, castigadas con multa de 100 unidades tributarias; (ii) graves, castigadas con multa de 10 unidades tributarias; (iii) menos graves, castigadas con multa de 5 unidades tributarias; y (iv) leves, castigadas con multa de 3 unidades tributarias; todas sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan.  Existen también sanciones aplicables a las personas jurídicas prestatarias del servicio del transporte de personas y de carga que permitan a su personal incurrir en exceso de velocidad, con multa de 200 unidades tributarias y la suspensión del permiso por 6 meses, en caso de acumular 6 multas en un período de 6 meses, así como con 50 unidades tributarias en el caso de exceso de altura, longitud y ancho no autorizado en el servicio de transporte terrestre de carga.  Por su parte, el exceso de carga se sanciona con multas de 10 a 100 unidades tributarias por cada tonelada o fracción excedida, según una relación tabulada por peso.  En caso de reincidencia se duplicará el monto de la sanción.
 
La suspensión de la licencia de conducir es aplicable por términos de 3, 6, 12, 36, 60 y 120 meses.  En el caso de la instalación de vallas publicitarias en contravención de lo previsto en la Ley, se castigará al infractor con multas entre 500 y 1.000 unidades tributarias, además de la remoción y traslado del medio publicitario que contravenga las disposiciones de la ley y rescindirá el permiso respectivo, a costa del infractor.  Otro tanto ocurrirá con la instalación de avisos publicitarios en vehículos destinados al servicio de transporte terrestre público o privado de personas y de carga que no cumplan con las normas respectivas.
 
Todas las infracciones y sanciones prescriben por el término de 5 años, contados a partir de la comisión de la infracción, en el primer caso, y de la notificación de la pena impuesta al infractor, en el segundo.  Las multas deben pagarse en el término de 30 días hábiles siguientes contados a partir de la notificación, vencido el cual se causarán intereses de mora sin necesidad de requerimiento previo de las autoridades administrativas del transporte terrestre, desde la fecha de su exigibilidad hasta la fecha de extinción total de la deuda, quedando además la posibilidad de que la Administración inicie el juicio ejecutivo, siguiéndose para ello el procedimiento especial de la vía ejecutiva previsto en el Código de Procedimiento Civil.
 
En las Disposiciones Transitorias, se establece que el Sistema Nacional de Registro del Transporte Terrestre entrará en vigencia en un máximo de 24 meses; los controles de velocidad –para los legalmente obligados a ello- deben instalarse en 180 días, contados a partir de la norma que determine sus características, que deberá dictarse en el plazo máximo de 30 días contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley; la prestación del servicio de transporte terrestre debe adecuarse a los mandatos de la Ley en 180 días; el Ministerio del Poder Popular para la Salud será el órgano que expedirá el Certificado Médico, y deberá asumir totalmente la competencia en un máximo de 2 años, lapso en el cual podrán seguir expidiéndolo los Colegios de Médicos de cada jurisdicción.

 

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