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Ochoa y Asociados

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Decreto-Ley del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) PDF Imprimir E-mail

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.892 Extraordinario, del 31 de julio de 2008, fue publicado el Decreto Presidencial Nº 6.267, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI).  El Decreto-Ley en comentarios forma parte de los 26 últimos Decretos-Leyes dictados en el marco de la Ley Habilitante, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.617, del 1º de febrero de 2007.  El Decreto-Ley tiene como propósito fundamental adaptar el marco regulatorio del INAVI a su nueva función dentro del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, que tiene como propósito último, según la Exposición de Motivos del Decreto-Ley en comentarios, “dar plena efectividad a las disposiciones de la Carta Magna que garantizan el derecho a la seguridad social, en general, y a la vivienda digna, en particular”, donde el INAVI tiene como meta, según el mismo texto, “la producción de viviendas, la contratación y participación ciudadana, pudiendo ejercer la contraloría social y se determinan exenciones en la importación de artículos y materiales de producción y en los registros y notarías”.
 
Sobre esta base, y con una estructura de tres capítulos y catorce artículos, el Decreto-Ley ratifica que el INAVI es un ente público con personalidad jurídica y patrimonio propio distinto del de la República, adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, que gozará de las prerrogativas, privilegios y exenciones de cualquier índole que la ley otorgue a la República –en especial gozará de exención del pago de tributos por la importación de artículos y materiales de construcción, según el artículo 14-; y cuyo objeto es ejecutar los planes, proyectos, programas y acciones en materia de construcción de viviendas de interés social que determine el Ejecutivo Nacional, actividad que (por disposición expresa del Decreto-Ley) es de utilidad pública.  En este sentido, las viviendas construidas, vendidas u otorgadas por el INAVI no están sujetas a ejecución judicial por terceros, mientras estén pendientes de cumplimiento los contratos de venta a crédito u otras operaciones similares donde el INAVI sea acreedor, relativas a tales inmuebles.
 
El patrimonio del INAVI está constituido por los aportes del Ejecutivo Nacional, las utilidades y beneficios líquidos producto de su gestión, y las donaciones, aportes y cualquier otro bien o derecho adquirido por el Instituto por cualquier título; sus competencias son las de (i) ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones en materia de vivienda y hábitat, aprobados por el Ejecutivo Nacional; (ii) construir, adquirir, remodelar, reformar, disponer y administrar inmuebles para ser destinados a vivienda y hábitat; (iii) incentivar, desarrollar e instrumentar estudios y proyectos orientados a la producción de vivienda; (iv) proponer al Ministerio de adscripción las políticas, estrategias y normas técnicas que, a juicio del INAVI, sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus cometidos; (v) celebrar convenios con todo tipo de personas, para el cumplimiento de sus objetivos, con aprobación del Ministerio de adscripción; y (vi) cualquiera otra función que le sea atribuida por la ley o delegada o encomendada por el Ministerio de adscripción.
 
La dirección y administración del INAVI está a cargo de un Directorio, compuesto por un Presidente, un Gerente General y tres Directores Principales, con sus respectivos suplentes, que serán de libre nombramiento y remoción por el Ministerio de adscripción, cuyas competencias, en general, están orientadas a la gestión operativa de las competencias otorgadas al INAVI, además de ciertas competencias de índole administrativa como el dictar su Reglamento Interno, nombrar los representantes del INAVI en los órganos que así lo requieran, etc.
 
La producción de viviendas de interés social –objeto fundamental del INAVI- debe, de acuerdo con el artículo 10 del Decreto-Ley, responder “a la problemática social, habitacional, recreacional, de servicios y de mejoramiento del hábitat”; la actividad del INAVI en este sentido “podrá efectuarse mediante contratación ordinaria de obras y servicios o a través de la participación con las comunidades”, quienes, cuando tengan el carácter de organizadas podrán ejercer la contraloría social sobre las actividades en general del INAVI, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Contrataciones Públicas y en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
 
El Decreto-Ley del INAVI deroga el Decreto Nº 908, del 23 de mayo de 1975, que crea el INAVI; y entró en vigencia al momento formal de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, esto es, el 31 de julio de 2008.

 

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